La protección del informante regula la comunicación realizada por una persona que, en un contexto laboral o profesional, ya sea en el sector público o privado, tiene conocimiento de infracciones del Derecho de la Unión Europea o de infracciones penales o administrativas graves o muy graves del ordenamiento jurídico español. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, establece que las entidades obligadas del sector público y privado deben disponer de un Sistema interno de información que garantice la confidencialidad de la identidad del informante, de las personas afectadas y de cualquier tercero mencionado en la comunicación, así como de la información comunicada y de la documentación aportada. La solución adoptada cumple plenamente con lo establecido en la Ley 2/2023 y con las directrices de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.).